|
¡No a la detonación abierta de explosivos en Bieke!
¡Paz con justicia para un
Bieke limpio y sano!
No to open air detonations of explosives on Bieke!
Peace with justice for a clean and safe Bieke!
Desde El Konuko
Por Irokahu
Nuestros abuelos se acercaban a la madre naturaleza y específicamente a la Madre Tierra; para obtener
de ella todo aquello que le satisfaciera sus necesidades básicas. Y efectivamente, obtenían de la Gran Mamá todo aquello que necesitaban. A cambio, la respetaban, la conservaban
y la disfrutaban pues, comprendieron que la Gran Mamá era capaz de proveerle todo
lo que necesitaban para sobrevivir como especie. Incluso llegaron a comprender que la Gran Mamá era capaz de proveerle en
exceso de sus necesidades. Ejemplo es la agricultura, que al aplicarse ciertas técnicas sencillas, es capaz de multiplicar
asombrosamente la cantidad de productos que de ella se puede obtener. Es decir,
la naturaleza demostró que con la ayuda de un organismo capaz de razonar, es
capaz de incrementar sus potencial ya de por si inmesurable.
Pero, ¿que pasó?
Lo que pasó fue que llegó el humano blanco(el hombre blanco) y quiso prostituir a nuestra Gran Mamá.
Pretendió que nuestra Gran Mamá ya no solo sus necesidades básicas, sino que también satisfaciera sus caprichos necios. De esta forma , el humano blanco quiso extraerle a la Naturaleza más de lo que ella
era capaz. Así, el hombre blanco cavo socavones para extraer de las entrañas
de la tierra los minerals, arrazó los bosques para extraer sin ninguna consideración, cantidades excesivas de maderas alterando
con ello, la calidad climática; destruyendo el habitat de infinidad de organismos; propiciando la erosion; diezmando peligrosamente
los abastos de agua y propiciando la aparición de toda una infinidad de otros males y disloques a nuestra Gran Mamá y a sus
hijos.
No
entendieron— ni aún lo entienden—que la Naturaleza es capaz de satisfacer nuestras necesidades pero no nuestros
caprichos. Ellos quisieron—y aún pretenden— que, además de de sus estómagos , la Naturaleza le llene sus bolsillos.
En su avaricia frenética pretenden sobreexplotar a la Naturaleza para jartarse de dinero. De esta forma, todo lo destruyen;
todo lo contaminant; todo lo dañan. Es por eso que, quienes pretendemos retornar a los principios en los que se fundamentaron
nuestros abuelos , debemos combater esta pretension de los blancos. Debemos acercarnos a nuestra Gran Mamá a pedirle la teta
que nos llene el estómago, pero no debemos prostituirla para que llene nuestros
bolsillos.
Es
por eso que nuestra agricultura es una agricultura diferente. La nuestra, es una agricultra que primero se pregunta cuanto
se necesita para llenar nuestros estómagos y desde esa premise parte para cultivar la tierra. De esta forma, se mantiene todo
lo demás en su estado más natural possible. Nos abstenemos de arrazar bosques para levanter extensos plantíos; conservamos
la capa fertile de la tierra y no la sacamos para tirarla a un lado; no utilizamos químicos que lo único que pretenden es
aligerar el proceso de crecimiento en pas de lograr llenar los bolsillos más rapidamente. No se dan cuenta estos insensatos
que, a la larga, lo único que obtienen es una tierra adicta a los químicos (sus narcóticos) que para producir las mismas cantidades
necesita cada vez dosis cada vez mayors de esta droga.
La
nuestra es , y debe ser, un acerca miento amistoso, respetuoso, casi reverencial a nuestra madre para que ella nos provea
el alimento que ella tan prolificamente nos suele dar. De seguro que ella nos alimentará; nos albegará; nos dará todo cuanto
necesitemos, como solo una Gran Mamá sabe hacerlo.
La controversia sobre el acceso a las playas:
un ejemplo más de Exclusión Social
Érika Fontánez Torres
ESPECIAL PARA CLARIDAD*
Hace unos meses en un periódico de circulación general, se publicó
un reportaje sobre una familia del centro de la isla que
nunca habían experimentado el mar. ¿Qué pensar de un país como
el nuestro en el que alguna de su gente no tiene oportunidad de ver ni sentir el mar? Algunos expertos aludían a las diferentes
manifestaciones de la pobreza, entre éstas, la falta de experiencias y oportunidades para ciertos sectores de la sociedad.
Para mí la noticia fue muy triste, aunque agridulce. Dulce, al percibir de las fotos y del
relato en el periódico la alegría de los miembros de la familia al ver el mar, sentir la playa, experimentar un nuevo entorno,
una nueva referencia desde la cual vivir. Amarga, al contemplar que falta mucho por hacer en nuestro país. Me reafirmé en
que no basta el reconocimiento formal de "un derecho a" y que hay que pasar de la llamada igualdad formal a la igualdad concreta.
¿Cómo es que en nuestro país-archipiélago haya gente que no haya
visto el mar? ¡Con tantos automóviles, con tantas lanchas, con tantas marinas que se construyen!. ¿Qué fallas tan profundas
provocan semejante disparidad? Y en cuanto al Derecho: ¿Qué podemos decir de un ordenamiento jurídico que en su Derecho positivo
recoge unas garantías y derechos para todos y todas, y en la práctica parece ser tan obsolecente? Mucho más se esconde tras
esta noticia. Vemos que en ocasiones se trata de mucho más que del
acceso formal a la playa. Pero aun este acceso formal está en riesgo.
En el último año el problema de la falta de acceso a las playas
ha acaparado la atención pública. Saltan a la vista el caso de Culebra, en que un propietario colocó un muro de concreto para
restringir el acceso a la playa. También está el caso de Bastimento en Vieques, en el que la dueña de una hospedería restringe
el acceso a una playa donde tradicionalmente se acampaba. Se enarbola el argumento de que el paraje es solitario y que se
le daba un mal uso (robos, drogas, sexo). Más recientemente, ha resurgido el tema del cierre
de calles que implica la restricción de entrada y salida a las playas, particularmente en el caso de Ocean Park. Aquí se alude a un derecho de los
dueños de las propiedades a tomar medidas para evitar la criminalidad y a su derecho a disfrutar sus propiedades. Finalmente
están los múltiples casos de construcciones en la costa (hoteles o complejos residenciales lujosos que tienen el efecto de
excluir a la población sin recursos económicos del disfrute de ese espacio), como
en el caso del balneario de Carolina. Estos ejemplos son
sólo una muestra.
El problema casi siempre se enmarca en términos de si legalmente
debe o no haber acceso a la playa o si determinado propietario está legalmente obligado a permitir el acceso. También se plantea
en términos del derecho de ciertos propietarios a tener seguridad en sus predios y a prevenir
en las áreas de playa usos catalogados como "indeseables".
Me parece, sin embargo, que se trata de una enfermedad que nos invade: ésa que busca obsesivamente la exclusión del otro. Es la pretensión de eliminar de mi vista a ese "otro" que
no quiero ver, que me molesta, me desagrada. Es una forma de violencia, de exclusión social.
La playa es sólo un escenario más de esa exclusión que nos invade.
Pero en la playa se hace más patente el problema que en otros lugares, porque el espacio costero es ejemplo de esos espacios
concebidos desde lo público. La playa es un símbolo patente de encuentro y expresión en nuestro pueblo. Es un espacio intenso
de manifestación cultural. Restringir su acceso, como se hizo
con las calles, es muy problemático pues tiene un significado que trasciende el de la calle. Las playas son la caracterización
de lo que la ciudadanía considera suyo, no susceptible de apropiación particular y es para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas,
no sólo legal sino también culturalmente, el espacio común de recreación que nos define como
isla. Hay una especie de conciencia legal colectiva de que las playas son el espacio público por excelencia. Por eso, la controversia
sobre la falta de acceso a las playas es ejemplo paradigmático del
efecto que puede tener esa obsesión por la exclusión.
La pretensión de excluir, de tirar una línea divisoria entre los
que son deseables y los que no y los que tienen derecho y los que no, a ciertos espacios, puede abordarse desde la perspectiva
jurídica. Hay que reconocer, sin embargo, que el problema trasciende la esfera legal. No podemos esperar tanto del Derecho.
Me reafirmo, sin embargo, en la necesidad de conocerlo y utilizarlo como
instrumento práctico y discursivo hacia mayor equidad. En el caso de las playas, hay instrumentos jurídicos que nos permiten
enarbolar la bandera de la igualdad al acceso a esos espacios. Se puede acudir a la ley y al reclamo de "lo público" para
enfrentar la exclusión y reclamar ciertos espacios, en este caso, el de las playas. Veamos algunos de estos instrumentos jurídicos.
El Derecho civil patrimonial
Como vimos en los pasados artículos,
el Código civil cataloga ciertos espacios como bienes de dominio público donde no existe la
posibilidad de la exclusión por parte de un privado, ni siquiera el gobierno, porque estos bienes pertenecen al pueblo de
Puerto Rico. Entre estos bienes están las playas. Así lo reafirmó el Tribunal Supremo de
Puerto Rico en Rubert Armostrong v. ELA en 1969.
Leyes y Reglamentos
Ley núm. 75 de 1975 (Ley Orgánica de la Junta de Planificación)
y el Reglamento núm. 17 de Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas
La ley le delegó a la JP el deber de planificar adecuadamente las
construcciones colindantes con la zmt con el fin explícito de viabilizar el acceso a las playas. Para
esto, la JP adoptó en 1983 el Reglamento núm. 17. Este reglamento establece específicamente como
propósito que todas las personas en Puerto Rico tengan iguadad de oportunidades para disfrutar de las costas, especialmente
de las playas de Puerto Rico. En la sección 3.01se establece que será requisito mandatorio
en todo proyecto que autorice la JP, proveer "una o más vías de acceso público… a la playa o cuerpo lacustre". Debe
existir como mínimo, accesibilidad pública a la playa en distritos urbanos a una distancia de 800 metros entre accesos en
carro y 400 metros si es de acceso peatonal. Como en todo reglamento y ley, hay excepciones,
pero las excepciones deben honrar su nombre y el principio rector del
reglamento es proveer acceso público a las playas.
Ley núm. 3 de 1990
De esta ley surge claramente el derecho de los ciudadanos a exigir
del gobierno que se cumpla con la política pública de garantizar
a los ciudadanos el derecho al libre uso y disfrute de las playas. El Art. 1 dispone:
"Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar
a los ciudadanos el libre y continuo acceso marítimo y peatonal a la zona marítimo-terrestre establecida en nuestro ordenamiento
jurídico, así como a los predios de dominio público destinados a uso público y colindantes en dicha zona. Se reconoce y reafirma
el derecho del pueblo en general al libre uso y disfrute
de las playas que nos circundan".
Control de acceso a las calles
¿Qué sucede cuando coincide la petición de un grupo de ciudadanos
al cierre de calles que a su vez implican el control de acceso o salida hacia las playas? La Ley para el control del tráfico de vehículos de motor y el uso público de las calles (Ley
núm. 21 de 1987, según enmendada) establece que la autorización para el cierre de calles estará sujeta a que no se imposibilite
cumplir con la reglamentación vigente sobre acceso a las playas. Por lo que, el cierre de calles no podrá autorizarse si éste
afecta las disposiciones establecidas para garantizar el libre acceso a las playas.
Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y
Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos sumergidos bajo éstas y la ZMT (Reglamento núm. 4860 del DRNA)
Este reglamento rige el uso de las áreas de dominio público y establece como principios
rectores el uso público, el acceso a las playas, la otorgación de concesiones solamente cuando se trata de usos dependientes
del agua y las construcciones de libre acceso público.
Hasta aquí el derecho
positivo. Como aprecia, existe legislación y la política pública
es clara en cuanto al derecho al acceso y disfrute de las playas. Pero si existe legislación y reglamentación que claramente
exponen el libre acceso y uso de estos espacios catalogados jurídicamente como
de todos y todas, ¿qué sucede? Muchas respuestas vienen a la mente. En ocasiones nuestros funcionarios públicos, aquellos
que "nos representan" en esta democracia representativa, intencionalmente nos defraudan. A esto le llamamos corrupción. Esta
es una gran preocupación, pero si se trata de intención delictiva directa, todavía podemos atender la situación.
Mi preocupación es más fuerte cuando pienso que en muchas ocasiones puede tratarse
de actuaciones no intencionales, aquellas que parten de premisas no cuestionadas y de aplicaciones conceptualistas del Derecho.
Como por ejemplo, lo que ocurre cuando, ante una controversia sobre el acceso a las playas, el funcionario de gobierno decide,
no a partir de la política pública que promueve el acceso colectivo, sino a partir de un razonamiento que presume que ante
el derecho propietario particular, el gobierno no puede buscar alternativas en pro del derecho común. En la mayoría de las
ocasiones se levanta, sin más, el asunto del derecho del propietario a no ver afectado de ninguna forma su señorío propietario,
o el derecho de éste a asegurar "su hacienda". Lo plantean también desde la necesidad de excluir a aquellos "indeseables"
que hacen daño a la propiedad y que fomentan la criminalidad.
De ahí que
el pobre e iluso remedio sea la obsesión de cerrar calles y urbanizaciones, poner rejas, alarmas, alambres de púas, vidrios
y ahora también limitar el acceso a las playas y fomentar proyectos turísticos excluyentes y limitados para quienes tienen
el dinero para pagar el disfrute del mar. Se trata de un
discurso individualista, profundamente arraigado en las psiquis del
país y que trasciende los espacios gubernamentales. Cuando se trata de esto, es más difícil aún, pues hay que propiciar un
cuestionamiento más profundo.
¿Cómo hacer que una controversia tan compleja no se circunscriba
un requisito legal de que en x proyecto se provea el acceso cada 400 metros? Si bien es cierto que hay que hacer cumplir este
requisito legal, que muchas veces se pasa por alto, me parece más urgente atender lo que está provocando este fenómeno y el
efecto de esta exclusión social de estos espacios. Recientemente, ante la controversia sobre la construcción de un condo-hotel
en el balneario de Carolina, el Gobernador aseveró públicamente que en Puerto
Rico construir hoteles "no es ilegal". Inmediatamente pensé en esa forma absurda de construir la controversia
y lo dicho me cayó como un balde de agua fría. Entonces, pensé,
¿a eso se reduce la controversia? ¿Acaso se trata de la mera legalidad o ilegalidad, un asunto tan complejo como
el que una familia del centro de la isla no haya podido
ver el mar por tanto tiempo? ¿Acaso amurallar toda la costa y que sólo tengan acceso a ella quienes pueden pagar más de $300
dólares la noche por una habitación de un hotel es un mero asunto de legalidad?
Sí, podemos plantear la ilegalidad en estos eventos. Creo que hay
que hacerlo con urgencia. Pero cuidado, que de la misma forma en que planteamos su ilegalidad habrá quienes planteen su legalidad.
El asunto legal es una herramienta más, pero, ¿acaso el asunto de la exclusión no es un asunto más amplio, que atañe a nuestras
aspiraciones de justicia, a la búsqueda de calidad de vida y de salud mental para todos y todas?. ¿No se trata entonces de
la búsqueda de un país que no siga fomentando el encierro, la exclusión, la carencia de oportunidades, la violencia? ¡Qué
pobre quien con mirada tan corta ve el asunto como uno sobre
la legalidad de construir hoteles!
El menú de eventos en Vieques, Culebra y Ocean Park
sobre la restricción del acceso a las playas es muestra
de una sociedad que se encoje cada vez más en oportunidades para la mayoría. La excluye, le quita esperanzas, anhelos, oportunidades.
La reducción del acceso a las playas y al mar, es epítome de la reducción de oportunidades
de una mejor vida como pueblo. Hay argumentos legales para
enfrentar esto, pero se trata de mucho más que de un argumento legal, de mucho más que de 400 metros entre accesos. Se trata
de la oportunidad de todos y todas de ver y vivir el mar y más allá de éste.
* La autora es Profesora de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico.*
|
|
Donde hay sol, hay electricidad |
|
| Por Carmelo Ruiz Marrero |
Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico
|
|
|
|
| Fuente: Tierra América |
 |
|
| Domingo, 17 de abril de 2005 |
| (casapueblo) |
 |
|
|
Puerto Rico - Puerto Rico está bendecido con abundante
sol. Su sector energético aún no ha explotado esa ventaja, pero un pequeño aunque creciente grupo de pioneros están hoy dedicados
a la instalación de paneles solares fotovoltaicos.
Uno de ellos es Emmanuel Pérez, quien brinda asesoramiento y diseña
sistemas de energía solar para aquellos interesados en sacarse de encima las onerosas facturas de la estatal Autoridad de
Energía Eléctrica (AEE).
Pérez, quien vive en la localidad montañesa de San Sebastián, es un incansable defensor de
las fuentes renovables de energía y de las políticas alternativas en la materia.
”Alguien que construye una casa
lejos de la red de electricidad verá que la energía alternativa es más competitiva que la ofrecida por la AEE”, sostuvo
el experto y activista.
En la localidad de Camuy, cercana a San Sebastián, uno de los clientes de Pérez construyó una
casa a 100 metros de la línea de energía más cercana. La AEE le pidió 12.000 dólares por la conexión. Pérez, en cambio, le
instaló paneles solares a un costo único de 13.000 dólares.
”En realidad, ahorró dinero. Eso fue hace cinco años,
y mi vecino no pagó ni una factura”, dijo.
La energía renovable avanza en todo el mundo. La facturación por equipos
e instalación habrá subido de 4.700 millones de dólares en 2003 a 30.800 millones en 2013, según Clean Edge, firma consultora
radicada en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco.
La tecnología de energía solar es hoy unas 10 veces
más cara que la de los combustibles fósiles para la generación de grandes cantidades de electricidad, según los Laboratorios
Nacionales Sandia, del gobierno de Estados Unidos.
Pero los paneles solares de producción de electricidad, que costaban
100 dólares por watt en 1976, hoy se venden a menos de tres dólares por watt, y se prevé que los costos caerán a un ritmo
de cinco por ciento al año aun si no se producen grandes avances tecnológicos.
”El viento y el sol son las fuentes
de energía de más rápido crecimiento en el mundo. La capacidad instalada de generación solar se multiplicó por siete desde
mediados de los años 90, y la de energía eólica, por 13”, informó en 2004 el Worldwatch Institute, centro académico
radicado en Washington.
Esto implica un crecimiento anual de 22 por ciento para la energía solar y de 30 por ciento
para la eólica en el último decenio, agregó. Estas cifras ”están más cerca de las computadoras y las telecomunicaciones
que de las tasas de crecimiento de un dígito” de las energías tradicionales, explicó el Worldwatch Institute.
Pero
si la energía solar resulta una inversión atractiva en viviendas y comunidades aisladas, la situación es muy distinta en zonas
urbanizadas.
En las ciudades, ”el costo de la conexión” eléctrica tradicional es considerado un gasto de
construcción y ”se oculta en la hipoteca de las viviendas”, explicó Pérez. ”Así que no se sabe cuál es.
No podemos competir así, pues se desconocen los costos de conexión”, añadió.
La quema de combustibles fósiles
por parte de AEE y las compañías que contrata también tiene un importante costo ambiental. ”Sus centrales de energía
contaminan el aire y son un riesgo de salud para las personas”, según Pérez.
La costa meridional de Puerto Rico
cuenta con cuatro plantas: dos termoeléctricas de AEE, alimentadas con petróleo, otra operada por la firma Ecoeléctrica, a
base de gas natural, y otra de la corporación AES, a carbón.
Estos generadores de energía son un peligro para el Bosque
Seco Guánica, considerado por ambientalistas y científicos una maravilla única en el mundo pero afectada por la lluvia ácida.
La
educación hace avanzar a la sociedad hacia la sustentabilidad y el consumo consciente, dijo Pérez. El sistema de enseñanza
debería enseñar a niños y niñas cómo reducir el uso y desperdicio de electricidad, agregó.
”Los consumidores
deberían exigir un sistema de energía más eficiente. Al comprar un refrigerador, pro ejemplo, puede consultarse la información
dispuesta por el Departamento (ministerio) de Energía de Estados Unidos sobre su gasto de energía”, indicó Pérez.
”Y
las diferencias son enormes. Hay heladeras que gastan 900 watts por día, y otros de las mismas dimensiones que usan 2.200.
¡Y debemos tirar esas bombillas incandescentes! El gasto inicial en bombillas fluorescentes es alto, pero uno de 15 watts
es tan luminoso como uno incandescente de 60”, ejemplificó.
El Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico
tiene una oficina de energía a cargo de promover su uso sustentable, pero los activistas no se muestran muy impresionados
con su trabajo.
Si el gobierno no escucha, algunos individuos y organizaciones sí lo hacen. La organización comunitaria
Casa Pueblo, ganadora de premios internacionales ambientales, consume electricidad producida por paneles que instaló Pérez.
”Creemos
haber alcanzado un nuevo nivel de libertad con la energía solar. Rompemos la dependencia y avanzamos hacia la autonomía”,
dijo el director de Casa Pueblo, Alexis Massol.
|
Armonía natural |
|
| Por Carmelo Ruiz Marrero |
|
|
|
|
|
|
|
| Domingo, 31 de julio de 2005 |
Puerto Rico -
Salvar la ecología de Puerto Rico, proteger sus recursos naturales a la vez que se les da uso sabio y prudente,
y llevar la Isla hacia un desarrollo verdaderamente sustentable; éstas y muchas otras motivaciones similares están moviendo
a un número creciente de puertorriqueños a sumarse a las filas del movimiento ambientalista. Ahí uno encuentra almas inquietas
e inconformes que buscan crear su propio estilo y reconciliar la tradición con la innovación, el buen sentido empresarial
con el idealismo, y lo práctico con lo bello.
Éstas incluyen a Rebecca Pérez Rosselló y su esposo Juan José Sáinz
Rodríguez, quienes hace unos catorce años renunciaron a la vida de condómines de Isla Verde para mudarse a Jayuya y practicar
contra viento y marea la agricultura orgánica.
La agricultura orgánica es un conjunto de prácticas y conceptos encaminados
a unir la producción de alimentos saludables con la protección ambiental. En ella se evita el uso de sustancias tóxicas como
insecticidas y herbicidas, las cuales han sido científicamente vinculadas a la destrucción ambiental y a enfermedades degenerativas
en seres humanos.
Nos cuenta Rebecca que su deseo de irse a la montaña a sembrar surgió en un viaje de compras a un
supermercado. “Observé que gran parte de las frutas y
vegetales que ahí se vendían venían del extranjero. Me pregunté
entonces cuán viable puede ser este país si no produce sus propios alimentos. No es que yo
pretenda que produzcamos todo
lo que consumimos. Pero debemos procurar que una porción sustancial de lo que comemos sea de aquí”.
Nada en
sus trasfondos los cualificaba para ser agricultores. Ella era profesora de cómputos y él de ciencias físicas. Siendo ambos
profesionales académicos a mitad de carrera, su movida a la agricultura no parecía el acto más sensato. Pero como diría el
poeta Robert Frost, tomaron el camino menos recorrido. Encontraron el lugar para perseguir su sueño en una parcela en Jayuya
en el costado norte del Cerro Punta. Fundaron ahí la finca experimental La Armonía.
Una revolución global
La
agricultura orgánica ciertamente es una revolución mundial. Hoy día 59 millones de acres alrededor del mundo están dedicados
al cultivo orgánico, según Miguel Altieri, profesor de agroecología de la Universidad de California, recinto de Berkeley.
Nueve millones de estos acres están en Europa: Alemania tiene alrededor de ocho mil fincas orgánicas, mientras que Italia
tiene unas 18 mil.
Los beneficios para el consumidor están bien documentados. En 1998 la revista Consumer Report analizó
mil libras de productos orgánicos y convencionales (no orgánicos), y encontró que las cantidades de pesticidas en los orgánicos
era insignificante, mientras que los convencionales tenían residuos significativos con toxicidad sustancial. En 2001 el Journal
of Alternative and Complementary Medicine evaluó 49 estudios que comparaban los méritos nutricionales de productos orgánicos
y convencionales, y encontraron que los orgánicos tienen 27% más vitamina C, 21% más hierro, 29% más magnesio y 14% más fósforo.
“Estudios han comprobado que las fincas orgánicas pueden ser tan productivas como las convencionales, pero sin
usar agroquímicos”, dice Altieri. “También consumen menos energía, a la vez que conservan los suelos y el agua”.
La evidencia muestra de manera contundente que “los métodos orgánicos pueden producir alimentos para todos, y hacerlo
de generación en generación sin desgastar recursos naturales”.
Llegar
El viaje desde el área
metro hasta La Armonía es toda una experiencia en sí misma. Llegar a Jayuya por la carretera 149 es espectacular o espeluznante,
dependiendo de lo que uno piense de los barrancos.
Quien sepa llegar al Parador Gripiñas sabrá llegar a la finca.
Sólo pásele de largo y continúe el camino hacia arriba, arriba, arriba. En el camino el Cerro Punta se asoma como un benévolo
vigía, dando un sentido de dirección. Si uno guía en dirección hacia el cerro, no puede perderse.
El camino se va
poniendo más angosto, las curvas más cerradas, las jaldas más inclinadas. Después de un punto se ven menos casas y más miramelindas.
Blancas, rosas, lilas, estupenda flor que se marchita si es llevada a la congestionada área metropolitana.
Al final
del camino hay un portón que es sin duda la entrada a La Armonía. Pero el viaje ahora debe continuar a pie. Mi carrito de
ciudad, acostumbrado a la suburbia, no podría nunca pasar por esas piedras. Miramelindas por todos lados, sinfonía de colores.
La presencia exuberante de esas florecitas indica que en la finca no se usan herbicidas, sustancias químicas comúnmente
usadas en la agricultura convencional para exterminar vegetación. Algunos irresponsables usan estos agroquímicos como si fueran
agua, dejando paisajes rurales luciendo como si hubieran sido cubiertos de agente naranja o napalm.
Al llegar a la
casa no hay nadie, excepto por un perro manso y ciego que me “mira” con ojos sin pupilas. Sigo caminando jalda
arriba por las veredas, la cima del Cerro Punta prácticamente frente a mí. Finalmente veo decenas de lechos sembrados de vegetales
y verduras, y más adelante se oye cuesta arriba entre los árboles la voz de Rebecca. Allá arriba estaba ella con Juan José
enseñándole la finca a una visita. Yo me arrimo al grupo y me uno al tour.
La diversidad biológica de la finca impresiona.
La ausencia de pesticidas tóxicos y la proximidad al bosque estatal Toro Negro atraen una gran variedad de pájaros como el
tordito lustroso, la reinita común, distintas variedades de zumbador, el bienteveo, la reina mora, el carpintero, el guaraguao,
la tortolita y la paloma turca. Entre los árboles que habitan la finca hay leguminosos fijadores de nitrógeno, como leucaena,
caliandra, flemingia y desmodium; y también autóctonos como guava, acacia, ortegón, moralón, caoba, acetillo, camasey y maga.
Y por supuesto, la siembra. No es un aburrido monocultivo con plantas en fila india hasta el horizonte, sino una pequeña
fiesta de diversidad, color y sabor: perejil, remolacha, tomate, ají dulce y picante, apio, arúgula, broccoli, china, bok
choi, flores comestibles, nabos, varios tipos de mostaza, habichuela, lechuga, lerene, limón dulce, malanga, menta, pepinillo,
pimiento, rábano, recao, toronja, yautía, zanahoria, guineo, y mucho más.
No es tan sencillo
En nuestra
larga conversación, una de las mayores preocupaciones que expresó Rebecca es sobre el escabroso tema de la certificación.
La certificación es asunto central en la agricultura orgánica, y surge de la necesidad de establecer criterios para evitar
que listos pasen gato por libre y engañen al consumidor vendiendo productos como orgánicos cuando no lo son.
Suena
sencillo, pero a fin de cuentas, ¿qué es orgánico y quién decide lo que es orgánico? ¿Bajo qué criterios? ¿Y quién decide
esos criterios? Bajo el actual estado de derecho, es el gobierno federal el que tiene la última palabra. Desde 2002, el Departamento
de Agricultura federal (USDA) tiene control sobre el término “orgánico”. Nadie puede vender un producto como orgánico
sin tener el sello “USDA Organic”.
El USDA autoriza ciertas instituciones para llevar a cabo el trabajo
de certificación. Estas instituciones autorizadas -universidades estatales o firmas privadas- son las que llevan a cabo las
inspecciones necesarias y tienen el poder para otorgar o negar la certificación.
Pero no es tan sencillo. Algunos
agricultores han planteado que el proceso de inspección y certificación impondrá costos colosales que multiplicarán el precio
del producto. Otros temen que se forme una “mafia orgánica” que impondrá sus criterios de manera caprichosa
y arbitraria para que sólo unos pocos productores puedan participar del mercado orgánico.
Nos explica Rebecca que
la problemática tiene muchos ángulos y perspectivas válidas, ya que no es menos cierto que hay varios agricultores en Puerto
Rico que creen ser orgánicos pero que en realidad no tienen claro qué significa el término. Algunos de ellos entienden que
se está siendo injusto con ellos.
Independientemente de los diferentes puntos de vista en torno a esta controversia,
es un hecho que los consumidores tienen el derecho innegable de verificar la autenticidad del producto vendido como orgánico.
Cuando ellos confíen en que no se les está estafando, entonces veremos el crecimiento en Puerto Rico de una
agricultura
saludable y ecológica, sin venenos, para que así las miramelindas puedan florecer donde quieran.
|
|
Sistemas de agua familiares
Alternativa
de agua potable para miles de residencias |
| Por Rogelio Figueroa García |
|
|
|
|
|
| Fuente: Claridad |
|
|
| Jueves, 11 de agosto de 2005 |
|
Puerto Rico - Mucha gente se pregunta cómo es posible
que padezcamos de falta de agua en una isla donde llueve tanto. Hay muchas respuestas para esta pregunta. La realidad es que
en la mayor parte de Puerto Rico la precipitación anual es abundante y frecuente. Según el Plan de Uso, Conservación y Desarrollo
de los Recursos de Agua de Puerto Rico, de agosto de 2003, en el área norte de Puerto Rico cae un promedio de 70 pulgadas
de lluvia cada año. Esto quiere decir que una residencia normal de 1,200 pies cuadrados (30 por 40 pies), recibe en su techo
unos 200 metros cúbicos de agua por año (16.5 metros cúbicos por mes). Según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
el 70% de los clientes residenciales en Puerto Rico consumen menos de 20 metros cúbicos de agua potable al mes.
Al
comparar las cifras de precipitación y consumo de agua es evidente que la mayoría de las residencias en Puerto Rico pueden
satisfacer sus necesidades de agua usando solamente el agua de lluvia que cae sobre sus techos. Este servicio gratis de parte
de la naturaleza puede permitir que cientos de miles de familias puertorriqueñas se “zafen” del aumento del precio
del agua y del pobre servicio que brinda la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA). Si conectamos los drenajes
de los techos de las casas y edificios a sistemas modulares de almacenamiento, filtración y esterilización a nivel residencial,
los puertorriqueños podríamos crear Sistemas de Acueductos Familiares (SAFA’s) que transformarían la precipitación sobre
las residencias en agua potable que cumpla con todos los parámetros de calidad de agua para consumo humano establecidos por
el Departamento de Salud. Si nos aseguramos de que el material de nuestros techos no es contaminante, podremos lograr la potabilización
del agua que cae sobre nuestros techos con relativa facilidad en sistemas sencillos y de bajo costo, que incluyen filtración
por fibra y carbón, y esterilización por ozono o rayos ultravioleta.
Un SAFA puede costearse fácilmente con los ahorros
en consumo de agua de la AAA. El costo de un sistema que consista de un tanque de 10 metros cúbicos, bomba, filtros y ozonificador,
ronda en los $4,000 dólares. Si se financia como una mejora permanente al hogar requeriría un pago de 35 dólares mensuales
por 15 años. Con las ta |
|
